El
secretario de Gobierno Distrital explicó que la
comunidad deberá decidir si quiere seguir siendo un centro empresarial minero o
va a salvaguardar el suelo para que no se sigan destruyendo estas laderas y se
conviertan en un lugar adecuado para el medio ambiente. “Que sean los
ciudadanos los que decidan sobre la inversión y lo que quieren de su
territorio”, indicó Jaramillo.
Así se pronunció desde el sector de Altos de la Instancia donde
realizó un recorrido y verificó la dimensión de lo que ha sido la explotación
minera de la zona. Ratificó la necesidad de empoderamiento de la comunidad para
que sean ellos quienes predispongan del presupuesto y confirmen en que se debe
invertir mediante los Gobiernos Zonales. Desde hace varios meses la Secretaría
de Ambiente ha tratado de mediar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para que no se incluyan zonas compatibles con la minería en el
Distrito. El pasado 9 de mayo el Gobierno Nacional expidió el Decreto 934 por
medio del cual se prohíbe que los Concejos Municipales y las Asambleas
Departamentales establezcan “zonas del territorio que queden permanentemente o
transitoriamente excluidas de la minería mediante acuerdos municipales u
ordenanzas departamentales respectivamente”.
Tal y como lo dispone la Constitución Política y la ley, los entes
territoriales, entre ellos el Distrito Capital, cuentan con un régimen de
autonomía que les permite adoptar determinaciones con relación a sus propios y
particulares intereses, como lo ha reconocido la Corte Constitucional, sin que
le sea dable al ejecutivo limitar esa facultad en aras de privilegiar interés
particulares y concretos, como es el caso de la minería. El Distrito ha dicho que insistirá ante el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que no se establezcan zonas
compatibles con la minería en Bogotá y se adopten las medidas correspondientes
para regular las actividades que hoy día existen.
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