Una sociedad si quiere avanzar debe formar y brindar oportunidad de empleo de calidad a sus ciudadanos para avanzar hacia un mejor futuro, son dos políticas fundamentales que en estos doce años de retraso socioeconómico no han tenido prioridad. El camino para una Colombia Justa es una sociedad educada. Toda la población debe tener acceso a educación de calidad en todos los niveles. En el gobierno de Pardo se impulsará la jornada completa en educación básica y media, el pensum escolar será revisado, se evaluará la política de promoción automática, será combatida la deserción escolar y se dignificará la labor de los maestros. Adicionalmente, se promoverán programas para que los estudiantes aprendan a respetar las diferencias y se conviertan en ciudadanos comprometidos.
Con relación a la absolutamente olvidada por el nefasto régimen la política de empleo, en el gobierno de una Colombia Justa se tendrá como base la igualdad de oportunidades para todos. Se afrontará el desempleo desde varios frentes y de acuerdo a la demanda de trabajadores. Ampliación de la demanda a través de programas públicos de vivienda de interés social, obras de infraestructura, programas en el sector agrícola, incentivar al sector privado para la generación de empleo. Revisar los estímulos que se han dado a la inversión en capital (uno de los insumos de las empresas), y focalizar varios de estos incentivos hacia la generación de puestos de trabajo. Programas directos de generación de empleo que combinen la oferta y la demanda laboral. Gracias a la equivocada política del régimen imperante en el 2007 el 75% de los trabajadores colombianos están en la informalidad (según datos del Banco Mundial), para reducir esa cifra se Pardo trabajará con dos enfoques complementarios por o la demanda laboral y por la oferta, es necesario revisar los costos laborales y en especial, los gastos de contratación y despido. El ajuste del salario mínimo es esencial para que los trabajadores puedan cubrir sus necesidades Se trabajará para que siempre se logre la concertación entre el gobierno y los trabajadores y no tener que definir el tema por decreto, como ha sucedido la mayoría de las veces. Por un lado, se incentivarán la construcción de vivienda e infraestructura y se promoverá el crecimiento del sector agrícola para que los campesinos desplazados por la violencia tengan la opción de volver al campo. Se eliminarán las exenciones al capital, se darán incentivos tributarios a las empresas generadoras de empleo, se abaratarán los costos de contratación, se fortalecerán los programas de capacitación laboral como el SENA y se reestructurará el funcionamiento de los parafiscales. Así mismo, se promoverá la contratación de jóvenes recién graduados del colegio y la universidad. Mediante la Ley del Primer Empleo, se entregarán incentivos tributarios a los empresarios que den oportunidades laborales a los jóvenes colombianos. Esto irá de la mano del Programa Nacional de Emprendimiento.
Los colombianos no podemos permitir que la educación y el empleo no sean compromisos prioritarios en la agenda del gobierno nacional como ha pasado en los trágicos últimos doce años en que lo único que se ha hecho a este respecto es ampliar los índices de desempleo y desmejorar la calidad del escaso existente. Esto es fácil de observar cuando el mismo establecimiento se jacta del incremento de la población sisbenizada en salud y la disminución de la gente adscrita al régimen del empleo formal. Y en educación ni hablar, puede que se haya ampliado los niveles de cobertura, pero no se perciben políticas de mejora en la calidad de la educación, situación que hacia futuro es lo que buscan los indolente regímenes como el que padecemos, porque si la gente se le formara para pensar y analizar la realidad, no existiría la más mínima posibilidad de que se eligieran los gobernantes indolentes y corruptos que tenemos.
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