Publicado en el N.S.Por : Horacio Serpa
La confirmación de la condena al Coronel Plazas Vega puso de nuevo en discusión el caso del Palacio de Justicia, asaltado por el M-19 hace 26 años. Así será por mucho tiempo, pues lo ocurrido fue de lo más grave que le puede pasar a una sociedad. La mitad de los colombianos de hoy no vivían aún, o estaban demasiado pequeños, para recordarlo. Quienes de una o de otra manera sufrimos tan tremendo drama, no lo olvidaremos jamás. La agresión del grupo guerrillero fue brutal en extremo. Llegaron con violencia, matando, tomando rehenes, entre ellos a los miembros de las altas Cortes, para someter al Estado a sus designios subversivos. Un acto audaz pero criminal, que buscaba hacer un juicio público, en plena Plaza de Bolívar, al Presidente Belisario Betancur. El gobierno no cedió a las pretensiones guerrilleras y el doctor Betancur ordenó a la Fuerza Pública recuperar el Palacio y liberar a los secuestrados. La llamada retoma fue igualmente violenta y se logró luego de cruento combate que arrojó un saldo trágico que seguimos llorando los colombianos. Muertos, incendio, destrucción.
Desde un principio se discutió públicamente la actitud del Gobierno. Aplaudida por muchos, fue puesta en tela de juicio por diferentes sectores ciudadanos, políticos, periodísticos, bajo la acusación de haber provocado la tragedia al negarse a negociar con la guerrilla. Al Ejército y a la Policía se le sindicó de exceso extremo en el uso de la fuerza y de diversos comportamientos ilegales. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes inició una averiguación preliminar para determinar si era procedente acusar al Presidente de la República por violación o desacato de la ley, o por indignidad en el ejercicio de sus funciones públicas. Fui ponente, con los Representantes Carlos Mauro Hoyos y Dario Ordóñez.
La Comisión se informó sobre el comportamiento presidencial y luego de diferentes análisis decidió abstenerse de abrir investigación formal, argumentando que el Presidente Betancur ni había sido indigno, ni había violado la ley. Hablar con la guerrilla, negociar, aceptar sus propuestas o rechazarlas, someterse a sus designios o desatenderlos, se planteó, era un acto de gobierno propio de las funciones presidenciales. El rechazo del Presidente a las exigencias del M-19, a juicio de la Comisión, no fue un acto ilegal, ni indigno. La Comisión señaló expresamente que las conductas ilegales atribuidas a la Fuerza Pública, debían ser investigadas y sancionadas por las autoridades competentes.
Han transcurrido 25 años, se han realizado diversas investigaciones, muchos episodios oscuros han sido aclarados, ya se sabe que sí hubo prisioneros y desaparecidos, se han impuesto sanciones y se continúa cuestionando el comportamiento presidencial. No conozco pruebas ni señalamientos contra el doctor Betancur, más allá de apreciaciones subjetivas, teorías o especulaciones, que indiquen que fue inferior a las obligaciones que le imponía su alta investidura. Si no existieren, sigue en firme la tesis del acto de gobierno. Una de esas difíciles, complejas, tremendas decisiones que corresponde asumir a los gobernantes.
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