30 de junio de 2010

Otra promesa para la descentralización


Desde que se estableció la elección popular de alcaldes en Colombia con el acto legislativo 01 de 1986, nuestra ciudad capital viene esperando que el constituyente, el legislativo, o el ejecutivo promulguen normas que permitan a sus territorialidades tener la capacidad de tomar sus propias decisiones en los ámbitos administrativo, fiscal y político. Decisiones que le garantizarían que la acción de lo público se destine apropiadamente hacia el logro de su desarrollo armónico y sostenible. Pero ha sido casi imposible, las localidades y sus dirigentes han sido vistos como menores de edad incapaces tomar decisiones en ese sentido. Varias excusas se escuchaban que no había infraestructura suficiente en los entes de control, como si la corrupción fuera patrimonio de local, no es sino ver la multiplicidad de casos seculares en lo distrital y en lo nacional. Se imponían una serie de barreras argumentadas en diversos motivos, cuando la verdad es que la clase política no está dispuesta a ceder un ápice el manejo de su poder para no perder espacios y protagonismos sin importar el verdadero desarrollo de la sociedad. Era una simple manifestación de voluntad política en dotar a las territorialidades de todos los controles, con todo el apoyo técnico y sobre todo la vigilancia para que se haga de una manera efectiva la ejecución de los recursos. 

Por eso es interesante y plausible la determinación tomada por la administración distrital desde marzo pasado, cuando suscribió el Decreto 101 de 2010, con el cual busca fortalecer las alcaldías locales y el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades. No es la octava maravilla, pero es una buena decisión. Creemos que esta normatividad permitirá mejorar la gestión, puede posibilitar que la comunidad conozca criterios de distribución de los recursos entre localidades, metas y acciones específicas del Distrito en cada una de ellas e incidir si la preparamos y sensibilizamos con su participación determinante y masiva en las decisiones de política pública. Dentro de los objetivos de esta norma, podemos destacar la devolución de la competencia de contratación de la totalidad de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local. La adopción de un modelo de gestión de la información para la planeación y la proyección presupuestal basada en el enfoque de territorialización. Evaluar las delegaciones realizadas por los sectores en cabeza de los Alcaldes Locales. Evaluar los esquemas de desconcentración de cada sector. Crear y fortalecer unos sistemas de información sobre la gestión de las Localidades y sobre la gestión de las entidades del nivel central. 

Ahora viene al tarea para los diferentes actores de la vida pública y política de la ciudad que es el de generar un ambiente propositivo y favorable a la política de descentralización en el alto gobierno y en el Congreso de la República, ambiente que ojala no se vea amenazado por todos los escándalos de corrupción e ineficiencia que rodean a la administración distrital de una parte, y por el miedo tradicional que le ha tenido la clase política a considerar a las localidades y sus dirigentes como mayores de edad para empoderarse del proceso. El legislativo en cabeza de la bancada de representantes por Bogotá tendrá que acometer una profunda reforma a los artículos 322 y siguientes de la Constitución Política Nacional en el capítulo de la ciudad capital de Bogotá para otorgar autonomía de ente territorial al Distrito Capital y así pueda darse su propia organización y determinar la autonomía administrativa, política y financiera a las localidades o municipalidades o nomenclatura que se adopte. Dependiendo de la profundidad de las reformas que se adopten, el Concejo de Bogotá tendría que modificar mediante acuerdo la naturaleza de las territorialidades y la definición de las competencias entre el nivel central y local. 

Esperemos con actitud positiva que ha llegado el momento para la ciudad de poder ser partícipe y decisiva en las decisiones que garanticen su progreso integral, armónico y sostenible para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes y las futuras generaciones.