Un par de días antes de dejar el
Ministerio para dedicarse de lleno a la negociación de paz, Pearl sacó una
resolución que determina que no se podrá hacer ninguna actividad minera en casi
todo el territorio amazónico hasta que el Ministerio del Medio Ambiente haga un
ordenamiento ambiental de toda la región, que fije las áreas para protección y
las áreas que podrán ser aprovechadas económicamente.
Con esta despedida, Pearl recupera su
imagen después de que los ambientalistas se le fueron lanza en ristre por
apoyar, sin estudios previos del Ministerio de Ambiente, la reserva minera que
se declaró en gran parte del oriente amazónico en junio de este año. La reserva
minera es un área de más 17 millones de hectáreas en la Amazonia, Orinoquía y
Chocó, se escogerán las empresas con las mejores condiciones para hacer
minería.
Ambientalistas alertaron que aunque
el gobierno escogiera a las empresas mineras en esta zona con estándares más
estrictos que en el resto del país, igual estaba permitiendo hacer explotación
minera en una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. Y que
por lo tanto, el gobierno tomaba la peor decisión para el ambiente en muchos
años y podía pasar a la historia como el depredador de la Amazonia. Para
ellos, era inconcebible que el territorio más biodiverso de Colombia se
ordenara con criterios mineros y no ambientales. Desde que Pearl avaló esa
reserva minera fue objeto de duras críticas por parte de columnistas y expertos
ambientales, sobre todo del exministro Manuel Rodríguez, y de funcionarios de
su propio ministerio que tampoco estaban conformes con esa decisión. Con la
resolución que sacó horas antes de dejar el cargo, los deja a todos asombrados.
Esta resolución suspende la minería
en la reserva forestal de la Amazonia abarca toda la región, salvo algunos
puntos en el sur; en las riberas del Río Caquetá, y en el piedemonte en Putumayo
y Caquetá. Es un área que comprende 37' 844.524 hectáreas de la Amazonia, sobre
nueve departamentos y 88 municipios. Hasta hoy, cualquiera que quisiera
realizar en esta región una actividad catalogada como "de interés público
o de interés social" podía pedirle a la autoridad ambiental que le quitara
el carácter de reserva forestal al pedacito de tierra que quería explorar o
explotar. Eso no va más.
Como la minería es considerada una
actividad de interés social, entonces no había impedimentos importantes para ir
recortando la reserva para exploraciones mineras. La resolución que expidió Pearl congela estos
recortes, llamados técnicamente ‘sustracciones‘ hasta que, desde el punto de vista ambiental,
se organice el territorio de la Amazonia. El fundamento de la norma es el
Principio de Precaución. Este principio que está en la ley le da permiso
al Estado de abstenerse de autorizar una actividad rentable cuando puede causar
daños en el medio ambiente y no hay claridad exacta sobre el tipo de daño. En
concordancia con este principio, la minería, al poder generar daños
irreversibles, debe suspenderse en la Amazonia hasta que el Ministerio
determine, desde el punto de vista ambiental, y no minero, dónde se podría
hacer minería sin generalos.
A diferencia de la decisión de
declarar la reserva minera en la Amazonia, que fue tomada conjuntamente por los
entonces ministros de Minas Mauricio Cárdenas y Pearl, esta nueva resolución la
sacó el Ministro de Ambiente solo y como una forma de blindar el tema antes de
partir. Aunque la Reserva estratégica minera en la Amazonia sigue siendo
válida, en la práctica nadie puede comenzar a explorar hasta que se haga la
zonificación ambiental, porque coincide casi toda con la reserva forestal que
ahora está protegida. Se calcula que solo el 11 por ciento de la región no
estaría cubierta por esta resolución.
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