Legalización de la Marihuana

Este martes 2 de noviembre puede suceder un hecho histórico en la medida que los habitantes del Estado de California en el occidente norteamericano decidan en el referendo que la legalización del consumo de la marihuana. Si es así será una prueba más de la incapacidad de los gobiernos de los países consumidores y productores de narcóticos en su ya larga e inoperante lucha contra el tráfico ilícito y todas las desgraciadas consecuencias de dolor, sangre y corrupción que le han generado las astronómicas utilidades que deja la ilicitud del negocio. Este tipo de temas también generan reacciones tendenciosas y polarizantes pero lo claro en mi opinión que nuestra atribulada nación y recientemente México han padecido como nadie la sangre derramada y la lucha sin cuartel contra el narcotráfico por lo que deben estar alertas a los resultados del referendo para iniciar de una vez por todas un campaña a nivel mundial por la legalización del suministro de droga y así evitar de una vez por todas las consecuencias de la ilicitud. 

La prohibición de las drogas tiene peores consecuencias que las que hubo por el alcohol en los años veinte en Norteamérica. De una vez por todas se debería reconocer el rotundo fracaso de la política de confrontación total, los gobiernos se han empeñado en gastar más y más recursos en un esfuerzo inútil por detener el comercio ilegal de narcóticos. Legalizar el suministro de las drogas mitigaría significativamente sus terribles consecuencias. Se pondría fin a la parte exageradamente lucrativa del negocio del narcotráfico. Con la desaparición del narcotráfico disminuiría la problemática social relacionada con esa actividad. La prohibición de las drogas no detiene su comercio. Según las Naciones Unidas, el tráfico de drogas genera $400.000 millones anuales, lo cual representa un 8% del comercio mundial, botín que es una tentación irresistible para los criminales y corruptos. Se reduciría el precio de las drogas. Significaría que mucha gente adicta no tendría que robar o prostituirse para pagar el precio en el mercado negro. 

Legalizar las drogas conllevaría a que su fabricación se someta a las regulaciones propias de un mercado legal. No existen controles de calidad ni venta de dosis estandarizadas, lo que causa niveles de mortalidad altos a causa de sobredosis o envenenamiento. El narcotráfico ha extendido sus tentáculos en la vida política de todos los países. Los narcotraficantes y sus carteles y ahora microcarteles, la guerrilla, el paramilitarismo y la corrupción son los más beneficiados con la prohibición, y las acciones anti-drogas sirven para eliminarles la competencia que enfrentan. La legalización acabaría con esta nefasta alianza del narcotráfico y el poder político. Los gobiernos dejarían de malgastar miles de millones de dólares en el combate de las drogas, recursos que serían destinados a combatir a los verdaderos criminales: los que le violan los derechos a los demás (asesinos, estafadores, violadores, ladrones, grupos terroristas). Además, la legalización ayudaría a descongestionar cárceles, inundadas por gente cuyo crimen fue el consumo de substancias que están prohibidas por la ley. Todos estos esfuerzos por combatir el tráfico de drogas han sido casi inútiles. Con la legalización se acaba el pretexto del Estado de socavar nuestras libertades con el fin de llevar a cabo esta guerra contra las drogas. Intervenciones telefónicas, allanamientos, registro de expedientes y hojas de vida, censura son actos que atentan contra nuestra libertad y autonomía como individuos. 

La legalización lograría que la sociedad conviva con las drogas como lo ha hecho con sustancias como el alcohol y el tabaco. El aprendizaje social es sumamente valioso para poder disminuir e internalizar los efectos negativos que se derivan del consumo y abuso de ciertas sustancias. Sin embargo, políticas como las de la prohibición, al convertir a los consumidores en criminales, desincentivan la aparición de comportamientos y actitudes sociales necesarios para poder tratar adecuadamente con políticas de salud pública los problemas de la adicción y el propio consumo a temprana edad de tan malignas sustancias.

La tenaza del mal

Las denuncias realizadas esta semana por miembros de su “mismo partido de gobierno distrital - PDA” sobre casos inmensos de corrupción y cadenas de contratación pública sin cumplir con requisitos legales y la inoperancia manifiesta en temas como movilidad, IDU, salud, servicios públicos, integración social y quien sabe que más. Todo sumado a los presuntos manejos delictivos en los que tendrían implicaciones miembros distinguidos de la “U” en Bogotá, más todo esa andanada de noticias sobre las vinculaciones con diversos tipos de delitos de casi todo el gabinete y el propio ex-Presidente de la República que para fortuna de los colombianos entregó el pasado 7 de Agosto debe llevarnos a reflexionar en la clase de manos que han abusado del poder hasta el cansancio para favorecer propios y oscuros intereses. 

Las denuncias son supremamente graves y ojala la Justicia actúe pronta y claramente, las conexiones entre los mercaderes de la contratación pública vinculados a esos partidos pasan desde los comedores comunitarios hasta los famosos contratos de los Nule. O sea Bogotá ha sido parte del engranaje uribista que maneja la contratación pública en el país. 

No puede ser que ahora pretendan mantenerse en el poder distrital tratando de hacer diferencia con sus socios en todos los negociados y la politiquería y declararse en “oposición” según el presidente del partido de la “U”. No pretenderán que el electorado bogotano que se ha distinguido por su análisis, madurez e independencia los mantenga lucrándose a costas de los impuestos que pagamos entre todos. Dice el senador Lozano que el expresidente, su ídolo será “el candidato a la Alcaldía mayor de Bogotá”, cree que hemos olvidado el pasado y sobre todo el presente judicial de sus más distinguidos colaboradores, exembajador y exministro Sabas Pretelt le confirmaron la destitución; 10 funcionarios, Andrés F. Arias y sucesor por faltas gravísimas en el ejercicio del ministerio de agricultura, exdirectores y funcionarios del DAS ahora dándose dedo entre ellos y al propio expresidente cual criminales dela más baja calaña, Valencia Cossio en la lista negra de los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, embajador y exsecretario de Prensa de Presidencia así como su exsecretario general, exministro de desprotección social pendientes por el autochecho y faltando las vinculaciones por los falsos positivos y que se termine de desenredar la maraña por las interceptaciones ilegales o chuzadas. Y todo lo que faltará por saber y hacerse visible a la opinión pública. En fin que espectáculo tan grotesco y deprimente que ha venido afectando nuestra administración pública tanto en el país como en la ciudad. 

En mi sentir se hace necesario que se recuerden las palabras de Gaitán sobre la urgencia hoy más que nunca en "la restauración moral de la república, pueblo: a la carga", porque "El pueblo es superior a sus dirigentes". Claro… también debemos mirar que en Colombia pasa de todo y la gente no despierta. Pero no puede ser que a estos que han venido usufructuando el poder de lo público se les mantenga el efecto teflón ante la sociedad civil, para llegar al gobierno y mantenerse sólo para defender sus propias ambiciones, oscuros intereses, el escudo de la vigencia política para defenderse del escarnio y la misma justicia. Si creo que es el momento que los colombianos y los bogotanos sigamos despertando de ese letargo narcoléptico en que hemos sucumbido en los últimos tiempos. 

DAVID LUNA DENUNCIA GRAVES PERDIDAS EN TIEMPO Y EN RECURSOS DE LOS BOGOTANOS EN LOS TRANCONES

. David Luna denuncia que un bogotano pierde 2 horas diarias en el trancón, es decir que “al año una sola persona en Bogotá, vive en el trancón más de 500 horas que equivalen a 42 días hábiles. Eso afecta negativamente la calidad de vida y la productividad de la ciudad”, dijo Luna.

. “Mientras los bogotanos estamos en el trancón, dejamos de producir 6.000 millones de pesos al día”, dijo el candidato a la Alcaldía de Bogotá, David Luna.

. “Los bogotanos no aguantamos más perder el tiempo y que nuestro bolsillo se vea afectado por el trancón, por eso hoy hacemos un llamado de alerta al Distrito para que explore cómo mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos”, expresó David Luna.

Octubre 11 de 2010. A partir de las múltiples quejas que se escuchan por parte de los ciudadanos debido a la difícil situación de movilidad que padece Bogotá diariamente, David Luna realizó una investigación sobre los efectos paralelos que tienen los trancones en la ciudad. En el estudio que hizo con su equipo programático, encabezado por el investigador y profesor de la Universidad de los Andes, Eduardo Behrentz, Luna concluyó que los problemas del tráfico le cuestan a la ciudad 144.000 millones de pesos mensuales que los bogotanos dejan de producir por culpa de la inmovilidad.

Según Luna las cifras son escandalosas. No en vano, es inaudito que un bogotano pierda en promedio 2 horas diarias en un trancón y más de 500 horas en un año. Esto significa que en los atascos diarios, en los que más de 10 millones de viajes motorizados se ven afectados día a día, los bogotanos dejamos de producir 6 mil millones de pesos diarios.

Para David Luna las causas de la pésima movilidad que atraviesa la ciudad son múltiples. Una de ellos el mal estado de la malla vial que, para 2009 y según la encuesta Bogotá como vamos, tan solo tenía el 24% en buen estado. A este factor se suman los atrasos en las obras públicas y la carencia de infraestructura vial. “Hacen falta más interconexiones viales”, insiste Luna. Finalmente para David Luna, los bogotanos merecen avenidas en buen estado, en donde fluya el tráfico y se reduzcan los tiempos de espera. Sólo así se sentarán las bases para mejorar la productividad económica de Bogotá y para hacer de la capital una ciudad moderna y sostenible.

Saludo a los 32 AÑOS

No puedo desaprovechar la ocasión sin presentar un caluroso y solidario saludo a nuestro insigne periodista local MILTON TELLEZ SANMIGUEL por los 32 años que cumplió esta semana de estar publicando el Pregonero de Fontibón un esfuerzo apostólico y de medio loco para dedicarse de tiempo completo a esa denodada labor.  Hemos visto muchos casos que no llegan a los tres ó cuatro números por eso adelante pregonero denos otros 32 años. 

Decisiones sobre las chuzadas

A algunos colombianos todavía no les sorprende las recientes declaraciones del propietario del Ubérrimo en cuanto a que asume responsabilidad política en los actos cometidos durante su nefasto régimen y en particular las denominadas chuzadas. Increíble que algunos piensen que es una muestra de su “lealtad y grandeza”, cuando manifestar que “asume las responsabilidades” pero “no si son derivadas de actividades ilícitas” eso no es cosa diferente a tratar de blindarse ante las muy posibles consecuencias penales de las acciones de su régimen en contra de los protocolos que permite la Ley para ellas. Es increíble que ya se hayan sancionado y destituido varios de los que fueron sus funcionarios más cercanos por los atropellos cometidos desde el DAS y la UIAF (unidad de análisis financiero), la información conseguida ilegalmente con las chuzadas eran del supremo interés de quien ¿?? 

A los colombianos con un poco de sensatez no les puede producir sensación diferente al asombro y rabia que el ex mandatario siga ofendiendo la inteligencia pregonando su disposición a “responder” claro… si no hubo ilícitos. Es más Bernardo Moreno atestigua que todo lo hizo, fue con pleno conocimiento del Presidente. Pareciera que el argumento de su defensa fuera convertir en legal lo ilegal e inconstitucional, sólo porque estaba recibiendo órdenes presidenciales. Sólo falta conocer que los argumentos de los ex directores del DAS sean los mismos al igual de los militares involucrados en los mal denominados falsos positivos para que terminemos de confirmar la oscura época en que nos encontrábamos. Lo importante ahora y como siempre lo decimos es que todo vaya por el camino que permita que el gran ganador al final del proceso sea la Verdad y la Justicia, tanto en este caso como en toda esa cadena de los que hacen falta. 

La Justicia tanto disciplinaria como penal tiene que establecer el verdadero autor intelectual y beneficiario de tanta porquería que lindaba por los niveles de asociaciones para delinquir. Ojala no caigamos como en el “autocohecho” ahora en las “autochuzadas” y que se castiguen a todos y cada uno de los culpables proporcionalmente a su jerarquía y beneficio. Que brille la Justicia al final sería la esperanza que todos los delitos cometidos encuentren su castigo, las chuzadas, tanto recurso público dilapidado en tratar de mantenerse en el poder a toda costa, "agro ingresos seguros", falsos positivos, “más contratación desbordada en INCO, reestructuraciones inconsultas y onerosas, zonas francas para los niños empresarios, en fin. 

Sin embargo, se debe recordar que presuntamente para alguno de los implicados su órgano constitucionalmente competente sería la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (también conocida como la de Absoluciones) y dada la conformación de sus aplastantes, obcecadas y aplicadas mayorías… allí no podríamos ser optimistas en que se aplicará Justicia y Verdad… no quedando camino diferente a apelar ante la Justicia Internacional, someternos a la impunidad definitiva o irnos a quejar al mono de la pila.

Denuncia Penal

Por considerarlo de interés comunitario, judicial y político. Con la autorización de sus autores,  me permito transcribir a continuación el texto completo de la denuncia penal instaurada en contra del Procurador por la Secretaría Nacional de Juventudes del Partido Liberal Colombiano. 

Doctor:

GUILLERMO MENDOZA DIAGO

Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)

Bogotá D.C.

Asunto: Denuncia Penal en contra del Procurador General de la Nación

ANDRÉS FERNANDO MESA VALENCIA, LUIS MAURICIO URQUIJO TEJADA Y JOHN ALEXANDER CHAVERRA VALENCIA, ciudadanos colombianos identificados como aparece al pié de nuestras firmas, de la manera más respetuosa, presentamos a usted, mediante este escrito, denuncia penal en contra del Procurador General de la Nación, Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, por la comisión del delito de Prevaricato tipificado en el Art. 413 del Código Penal, por dictar resolución manifiestamente contraria a derecho en el acto jurídico que contiene sanción de destitución e inhabilidad contra la Senadora Piedad Esneda Córdoba Ruíz. Fundamentamos esta denuncia de la siguiente manera:

1. El pasado 27 de septiembre, fue dado a conocer de manera amplia el fallo del Procurador General de la Nación que resuelve sancionar a la Senadora Piedad Córdoba con destitución e inhabilidad. El contenido fue publicado en el sitio web de la Procuraduría; http://www.procuraduria.gov.co/descargas/270910fallopgn.pdf
2. Dicho fallo, es manifiestamente contrario a derecho tanto por razones procesales como por razones sustanciales; de las primeras, destacamos la dolosa inobservancia de los protocolos internacionales y nacionales relativos a la obtención y práctica de pruebas en otros países, así como de la evaluación legítima de las mismas y su cadena de custodia; de las segundas, destacamos que las razones que hizo valer el Procurador en el fallo, para sostener que varias conductas de la Senadora constituyen falta disciplinaria, son razones de carácter moral y político que riñen con la juridicidad de una resolución proveniente de una autoridad disciplinaria de la investidura del Procurador.

FUNDAMENTOS

La razón fundamental de esta denuncia, tiene que ver con la manifiesta rebeldía al ordenamiento jurídico colombiano, expresada en un documento proveniente del señor Procurador, que por la gravedad de su contrariedad a derecho, se trata más bien de una vía de hecho, que se hace valer sobre la base de unas pruebas que el fallador sabe, han debido ser excluidas del juicio disciplinario por su ilicitud.

En primer lugar, haremos una mención de lo que consideramos, demuestra el dolo con que actuó el funcionario al pretender hacer valer documentos obtenidos con violación de la ley, luego de que la defensa llamara oportunamente la atención sobre la ilicitud de estos elementos probatorios.

Los increíbles argumentos que sostiene el funcionario para imponer este exabrupto, se fundamentan en que no ha habido sanciones a Colombia por la operación Fénix. 1.

Como si ello fuera poco, se observa que el Procurador trata de legitimar la existencia de la información obtenida ilegalmente en ese operativo bajo el injurídico argumento de que Colombia ha pedido disculpas por el mismo, y, para colmo de rebeldía al ordenamiento jurídico, hace una consideración de carácter político frente al respaldo internacional del operativo, dejando de lado su obligación de argumentar el fallo conforme a derecho.

El Procurador, no puede ser ajeno a la obligación legal de soportar sus fallos conforme a derecho. Contrariar el régimen probatorio Colombiano bajo excusas de esta categoría, necesariamente implica violentar la legalidad a sabiendas, esto es, actuar con DOLO.

Inclusive, el hecho de reconocer que Colombia debió excusarse por la realización del operativo, trae consigo la consecuencia lógica de suponer que la recolección que allí se hizo de información, el mismo Estado colombiano indica que lo hizo violentando los protocolos internacionales, para que luego el Procurador, increíblemente, reconociéndolo, sostenga que allí imperó la ley.

La ostensible rebeldía al ordenamiento jurídico en que incurre el funcionario, queda también en evidencia cuando afirma que el procedimiento utilizado en la operación Fénix, no debió adelantarse bajo los postulados de la ley 906 de 2004, bajo el entendido de que el derecho disciplinario que él (Procurador) concibe, es muy diverso al derecho penal de carácter acusatorio.

Tremenda osadía se registra en el folio 14 de la resolución ilícita, cuando el fallador afirma que no se debe aplicar el régimen probatorio penal en el ámbito disciplinario.

El Artículo 130 del CDU, prescribe: “Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, y los documentos, los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.

Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica.

Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que los regulen, respetando siempre los derechos fundamentales”.

Desde luego, y más tratándose de conductas que se supone constituyen delito, el Procurador ha debido rodear de todas las garantías propias del régimen probatorio penal a la Senadora, y, sin explicación razonable determina no aplicar dicho régimen.

No obstante, y admitiendo en gracia de discusión académica que el Procurador tiene argumentos que no riñen con la ley ni con la razón para aplicar el régimen probatorio que a bien tenga, ello no le da licencia para sostener que la información recolectada en la operación Fénix, se obtuvo de manera lícita, ni aún, que la puede hacer valer en un juicio disciplinario. Y no lo puede hacer, porque la operación Fénix no se adelantó en el marco de la investigación disciplinaria ni con el propósito de obtener pruebas para enjuiciar disciplinariamente a funcionarios, se adelantó, con propósitos jurisdiccionales de carácter penal, y por ello, es que debió adecuarse a lo dispuesto en la ley 906 de 2004. Al no hacerlo, lo allí obtenido, resulta nulo de pleno derecho, no sólo para lo penal, sino para todo aspecto jurídico, incluyendo el disciplinario.

Lo anterior, lo juzgamos de pleno conocimiento del Procurador, quien dolosamente, a sabiendas de lo que acabamos de relatar, que no se trata de una interpretación normativa ni de una doctrina sofisticada del derecho, decidió contrariarlo de manera hostil al orden jurídico colombiano.

Pero allí no terminan las burlas a la ley, señor Fiscal, aún hay más, en el siguiente aparte se observa de manera contundente, cómo el señor Procurador reconoce que está haciendo valer pruebas que se obtuvieron al margen del mismo régimen procesal disciplinario que predica ha hecho imponer sobre el penal:

     

Es claro, que el mismo Procurador manifiesta que “no se trata de práctica de pruebas como las que regularmente se da en un proceso penal o disciplinario”, de donde por simple lógica de desprende que se trata, entonces, de pruebas que irregularmente se dan en este proceso.

Y, más abajo, pretende legitimar lo que él mismo ha juzgado irregular pero que pretende hacer valer, mediante un escrito de la INTERPOL que nada tiene que ver con la legalidad de la obtención de las pruebas.

¿Pueden quedar dudas, doctor Mendoza, de la ostensible contrariedad a derecho del fallo, y del dolo con que fue proferido?

Destacamos, de igual forma, que el funcionario denunciado utilizó falsa argumentación para encubrir un fallo, adrede ilegal. De ello da evidencia la misma pieza procesal, cuando falsamente alude a varias resoluciones de la ONU como justificación a la ilicitud cometida por el Estado Colombiano, para tratar de concluir que las pruebas eran válidas.

En el folio 13 de la providencia, el Procurador acude a argumentos como los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, para dar apariencia de licitud de su resolución, engañando al lector al tratar de hacerle creer que el contenido de las Resoluciones 1373 de 2001, 1535 de 2004, 1566 de 2004 y 1624 de 2005, permitían el procedimiento que llevó a cabo Colombia en la operación Fénix o permitían el incumplimiento de los protocolos internacionales con el argumento de la cooperación internacional contra el terrorismo. ¿Consideraría usted, señor Fiscal, que cooperar internacionalmente en contra del terrorismo implica que actos bélicos unilaterales, inconsultos y arbitrarios deban justificarse, o que, el producto de ellos, es decir, las pruebas, devengan lícitas de pleno derecho?

A las anteriores consideraciones que apuntan a algunos aspectos procesales del fallo, amén de que se prohibió arbitrariamente la práctica de experticios frente a las supuestas pruebas, de que se violentó el principio de la inmediación al no tener el juzgador contacto directo con la prueba ni permitir a la disciplinada tenerlo, nos permitimos llamar la atención en el hecho de que las consideraciones de fondo, también resultan manifiestamente contrarias a derecho. Veamos.

Los argumentos del Procurador que sostienen que la Senadora Piedad Córdoba promovió y colaboró con las FARC, basados en algunos correos electrónicos, son también manifiestamente contrarios a derecho, y, aunque suponiendo que dichos correos fueran ciertos y allegados de manera legal al expediente (lo que se ha demostrado imposible) de todas formas en el contenido de ninguno de ellos se revela falta disciplinaria ni penal alguna.

En dichos correos, (donde se observan relaciones de quien sostiene el Procurador, se trata de la Senadora, con guerrilleros de las FARC) se evidencian diversas opiniones de “Teodora Bolívar” a favor de supuestas ideas políticas de ese grupo, lo que no constituye ni una cooperación ni una promoción del terrorismo.

También llamamos la atención, en que argumentos del procurador, según los cuales la animadversión de la denominada “Teodora” frente a Gustavo Petro, constituye una instrucción a las FARC para generar hostilidades en contra de este dirigente, son argumentos disparatados como los que sostiene el fallo según los cuales, el vestir una boina por parte de Piedad Córdoba, constituye una promoción del grupo guerrillero. Ambos planteamientos, no sólo están lejos de encuadrar dentro de algún tipo disciplinario o penal, sino que además resultan siendo evidencia de prejuicios morales y políticos que seguramente tiene el juzgador frente a su inculpada, puesto que están dirigidos a censurar actividades que, lejos de tener relevancia jurídica, hacen parte de lo que “sería” actividad política de la Senadora.

A lo anterior, se suma el hecho de que recomendar la no entrega de videos sino de audios de pruebas de los secuestrados, el suministro de un correo electrónico personal a la guerrilla, e incluso, tener amistad con jefes guerrilleros, no constituye ni falta disciplinaria ni delito alguno.

De igual forma, insistimos en que prestar asesoría jurídica a presuntos miembros de las FARC en la cárcel, no es colaboración con la guerrilla sino el ejercicio de una actividad lícita, y que tiene que ver con la garantía de un derecho fundamental de todo reo. Sorprende, entonces, que el alto funcionario haga uso de ese argumento, para concluir responsabilidad disciplinaria. 

Ninguno de los cargos imputados por el Procurador, hacen alusión a la participación de la Senadora en actividades ilícitas de las FARC, ni la vinculan militarmente con ese grupo insurgente, solamente, destacan algunos puntos de vista de quien, se dice, se trata de Piedad Córdoba sobre algunos temas relacionados con un acuerdo humanitario y las distintas estrategias para lograr la paz de Colombia. Haberlos juzgado como faltas disciplinarias, refuerzan los motivos que llevan a concluir que el Procurador actuó manifiestamente en contra del orden jurídico.

Se trata entonces, de una clara comisión del delito de prevaricato, lo que no es un fallo jurídico sino una “vía de hecho”, que por un lado condena a la Senadora sosteniendo que opiniones de “Teodora” son colaboración con las FARC, y por otro lado la absuelve diciendo que no hubo “Traición a la patria” pues las opiniones de “la Senadora” Iban en descrédito del gobierno de Uribe y no de Colombia.

PETICIÓN

Por las razones expuestas, le solicitamos respetuosamente, señor Fiscal, se sirva adelantar las investigaciones pertinentes, a fin de determinar la presunta responsabilidad del señor Procurador General de la Nación, Dr. ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO en la comisión del delito de prevaricato por acción, prescrito en el Art. 413 del estatuto penal colombiano.

COMPETENCIA

Conforme a lo preceptuado en el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, en su Artículo 32, es usted competente para adelantar la investigación que solicitamos.

NOTIFICACIONES

Recibiremos notificaciones en la Calle 56 Nro. 54 – 58, Medellín, Antioquia.

Atentamente,

ANDRÉS FERNANDO MESA VALENCIA

CC. 1017127226

LUIS MAURICIO URQUIJO TEJADA

CC. 1128464937

JOHN ALEXANDER CHAVERRA VALENCIA

CC. 1017123592

[1] Folios 10 y 11 de la providencia